Los trabajadores de gobierno
José
Manuel Gómez Porchini / México
debe salir adelante
Desde
siempre se ha sabido que los empleados de gobierno gozan de grandes
privilegios: préstamos a pensiones… bueno, así se llamaban antes, ahora son al
ISSSTE; vacaciones pagadas de 20 días al año cuando menos; pensiones que sí
aparecen en la Constitución, en el apartado B del artículo 123, pues las
pensiones de los mortales, de los empleados de empresas privadas, no aparecen a
nivel constitucional. Si acaso, en la Ley del Seguro Social o en contratos
colectivos o en reglamentos de trabajo, pero no tienen origen en la Carta Magna.
Por
todo ello, a los empleados de gobierno siempre se les ha considerado una casta
aparte, una especie de iniciados que gozan de grandes privilegios.
Sin
embargo, desde hace muchos años, algunos jefes han tenido por bandera demostrar
que hacen mucho, que trabajan grandes jornadas y obvio, el empleado de menor
rango es el que queda desprotegido.
El
jefe se retira a las cuatro o a las seis, pero deja encargado de la oficina
“por lo que pueda necesitarse” a un subjefe, que quiere demostrarle al jefe que
también él sabe hacer las cosas bien y entonces, obliga a todos los empleados a
quedarse hasta las ocho, nueve o diez de la noche, “por lo que pueda
ofrecerse”. Claro, la paga es buena, las prestaciones también…
Y
así ha sido tanto en el sector central como en las paraestatales y en los
gobiernos estatales. Pero lo peor, el exceso en el abuso a los trabajadores lo
encontramos en los empleados del Poder Judicial, ya local, ya federal. Es
proverbial que en los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, se entra a
las nueve de la mañana, pero no existe horario de salida… pueden ser las once,
las doce, la una de la mañana del día siguiente y ahí están, firmes, pensando
que así van a demostrar ser el mejor empleado. También, en quienes sin ser miembros
del Poder Judicial atienden procedimientos seguidos en forma de juicios, pues
ellos tratan de demostrar que son los que más trabajan.
Las
Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales son el mejor ejemplo de
cómo no se debe obligar a los trabajadores. Vaya usted a casa cualquiera de las
juntas, tal vez alguna se escape, no la conozco, y revise medidas de seguridad.
No tienen. Busque salidas de emergencia. No tienen. Las que tienen, las tienen
clausuradas. Busque usted servicios sanitarios. No existen, ni para los
empleados ni para el público. Revise la densidad de personas permitidas y podrá
darse cuenta que se exceden en el doscientos o más pues siempre parecen
mercado.
Lo
mejor, la cereza en el pastel, la encontramos ahora en las Juntas de
Conciliación y Arbitraje de Reynosa, en Tamaulipas. Están cerradas por el paro
al que los empleados tuvieron que llegar. ¿Y cómo no, si les suspendieron los
sueldos?
De
hecho, los integrantes de la junta son los encargados de velar porque los
salarios se paguen en tiempo, completos, sin descuentos contrarios a la ley y
todo eso.
A
los empleados de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Reynosa, simplemente
los dejaron sin salario. Así de fácil. Obvio, no hay ni habrá responsable.
Usted disculpe, fue error del de sistema. No hay problema, no volverá a
suceder.
Cualquier
disculpa que les brinden los funcionarios de la Secretaría del Trabajo con sede
en Ciudad Victoria, será insuficiente para quienes tienen hijos menores que
piden alimento. No hay excusa alguna válida frente a los depredadores de los
salarios que son los bancos, cuando usted no paga a tiempo, “porque el de
sistema no operó las pólizas”. No se vale.
Ahora,
en este momento, está el paro de labores. Lo que sigue es que los corran a
todos, que ofrezcan una disculpa o que les paguen y aquí no pasó nada. ¿Por
cuál apuesta usted, mi querido lector?
Me
gustaría conocer su opinión.
Vale
la pena.
